Mentes Dementes 6 junio de 2025

Esta semana hemos conocido una noticia que ha generado bastante polémica: la Unión Europea ha dado luz verde a que las aerolíneas puedan cobrar por llevar una maleta en cabina, por elegir asiento o incluso por cambiar el nombre en un billete. Es decir, se consolidaría lo que muchos consideran una práctica abusiva —e incluso actualmente sancionada en países como España— pero que, al adoptar la forma de reglamento comunitario, podría quedar blanqueada y recibir respaldo legal a nivel europeo. Esta decisión, más allá del ámbito estrictamente aeroportuario, abre la puerta a una reflexión mucho más amplia: la creciente indefensión del ciudadano frente a las grandes estructuras de poder, ya sean empresas, instituciones o partidos políticos. Porque esta lógica no es nueva ni exclusiva del transporte aéreo. La encontramos en las cláusulas suelo de las hipotecas, en las tarifas de telecomunicaciones infladas por redondeos, y también, cómo no, en la política, cuando las promesas electorales se incumplen de forma sistemática. En todos estos casos, el problema de fondo es el mismo: la falta de transparencia, la opacidad informativa y la limitación real del ciudadano para tomar decisiones con pleno conocimiento. La normativa europea sobre prácticas comerciales desleales exige que la información sea “clara, comprensible y veraz”. Sin embargo, en la práctica, las reglas parecen estar diseñadas para favorecer a quienes disponen de más poder, más conocimientos jurídicos o más recursos económicos para contratar abogados, mayor capacidad de presión, o en cualquier caso, un margen de maniobra más amplio. Y si llevamos esta lógica al terreno político, cabe plantearse una pregunta: cuando un partido promete algo que luego no cumple —algo tristemente habitual—, ¿no se está vulnerando también esa confianza básica que une al votante con su representante? Si aplicáramos los mismos criterios que rigen en el ámbito del consumo, ¿no estaríamos ante una forma de publicidad engañosa? Una promesa electoral incumplida podría entenderse, perfectamente, como un tipo de engaño comparable a una práctica comercial desleal. Lo más preocupante es que, poco a poco y casi sin darnos cuenta, estamos normalizando lo que en otro tiempo habríamos considerado abusos. El ciudadano —tanto en su papel de consumidor como en el de votante— se enfrenta cada día a un sistema cada vez más complejo, fragmentado y opaco. Y lo hace con muy poco margen real para defenderse: los procedimientos son largos, las vías judiciales costosas, y las alternativas políticas, a menudo, insatisfactorias o prácticamente inexistentes. Por eso hoy os proponemos debatir sobre hasta qué punto estamos desprotegidos frente a los abusos de los más poderosos—aerolíneas, bancos, partidos políticos, gobiernos… ¿Quién nos defiende cuando los que deciden siempre juegan con ventaja? ¿qué os parece que las aerolíneas cobren por cosas que antes estaban incluidas, como llevar una maleta en cabina o elegir asiento? ¿Es justo que prácticas consideradas abusivas en algunos países acaben siendo legalizadas por Europa? ¿Crees que los ciudadanos tenemos mecanismos reales para defendernos ante estos cambios? ¿Estamos cada vez más indefensos frente a las decisiones de grandes empresas, gobiernos o instituciones? ¿Tenemos derecho a una información clara y veraz o eso se ha convertido en una ilusión? ¿Os da la impresión de que cada vez más las reglas del juego benefician a los que tienen más poder y recursos? ¿Debería haber consecuencias cuando un partido político no cumple sus promesas electorales? ¿Es una promesa electoral incumplida comparable a una publicidad engañosa? ¿Nos estamos acostumbrando a aceptar abusos sin apenas protestar? ¿Sirven realmente de algo las reclamaciones, los recursos legales o los medios de comunicación en estos casos? ¿Crees que la política debería regirse por las mismas normas que el comercio: si no cumples, pagas? ¿Estamos perdiendo derechos sin darnos cuenta, disfrazados de decisiones “técnicas” o “europeas”?