Mentes Dementes de 8 de agosto de 2026

Agosto es el mes de las vacaciones por excelencia. En España, muchos ciudadanos hacen las maletas y salen para descansar. Es legítimo y necesario. También quienes ocupan responsabilidades públicas tienen derecho a desconectar. Pero hay una diferencia esencial: los ciudadanos pueden irse de vacaciones; las instituciones no. Este agosto de 2026 ha puesto esa diferencia sobre la mesa. Mientras España afronta graves incendios, una invasión de la frontera en Ceuta y problemas económicos y sociales muy serios que no desaparecen con el calendario, el presidente del Gobierno, disfruta como un año cualquiera de sus vacaciones en La Mareta, en Lanzarote. Su ausencia en plena sucesión de crisis ha suscitado críticas incluso de mandatarios fuera de España. Al mismo tiempo, en Madrid, la adquisición por 6,3 millones de euros de un ático de unos 485 metros cuadrados por una empresa pública de la Comunidad, inicialmente vinculada a la Presidencia autonómica, ha abierto otra polémica sobre el uso de recursos públicos. El inmueble ha terminado anunciado para su venta. Son dos asuntos distintos, pero ambos conducen a preguntarse sobre si estamos ante necesidades reales de la la institución o simples privilegios personales. Un presidente del Gobierno o un presidente autonómico puede necesitar seguridad, protección, disponibilidad permanente y determinados medios. Todo ello puede estar plenamente justificado. Pero seguridad y comodidad no tienen que implicar lujo. La discusión no pasa por negar a los políticos el derecho al descanso ni en cuestionar por principio la existencia de medios o residencias institucionales. La cuestión es si los recursos que se utilizan o pretenden utilizar son necesarios, proporcionales y transparentes, y si están destinados a facilitar el ejercicio de una responsabilidad o a proporcionar un nivel de vida difícilmente justificable ante los ciudadanos. Porque mientras muchos altos cargos de España disfrutan de agosto, otros siguen apagando incendios, afrontando una invasión fronteriza, buscando una vivienda que puedan pagar o haciendo cuentas para llegar a fin de mes. Por eso este mes ofrece una buena oportunidad para revisar dónde debe situarse la línea entre lo que un cargo público necesita para ejercer su función y lo que simplemente disfruta por ocuparla. Los recursos públicos pertenecen a todos. Y quien ocupa temporalmente una institución debería recordar que una cosa es disponer de los medios necesarios para gobernar y otra muy distinta convertir esos medios en un privilegio personal. La pregunta queda sobre la mesa: ¿hasta dónde llegan las necesidades de quienes gobiernan y dónde empiezan los privilegios que conlleva ocupar el poder, ya sea en sus vacaciones, sus viajes, sus residencias o en el uso de los recursos públicos?