Mentes Dementes de 6 de febrero de 2026

Hace unos días nos dejaba Fernando Esteso, icono del humor y símbolo de tiempos de apertura y desinhibición, en los que se respiraba libertad. Vaya desde aquí nuestro particular homenaje. Y precisamente de libertad hablamos hoy, porque en pleno siglo XXI y en democracia, hay noticias que nos recuerdan que esa libertad no parece estar garantizada. Esta semana el Gobierno ha anunciado un paquete de cinco medidas para “regular” el entorno digital y las grandes plataformas tecnológicas: verificación obligatoria de la edad, trazabilidad del odio, posible responsabilidad penal de los directivos tecnológicos y mayor control sobre los algoritmos. Cualquiera que quiera acceder a una red social deberá pasar por un sistema de verificación de edad, aunque el objetivo declarado sea proteger a los menores de 16 años. Es posible que no se termine exigiendo mostrar públicamente el DNI, pero sí algún mecanismo de acreditación previa: certificados oficiales, intermediarios de verificación o sistemas vinculados a documentos oficiales. En términos jurídicos, estas normas cruzan una frontera peligrosa. No se trata solo de proteger a la infancia, sino de intervenir gravemente sobre la privacidad, la libertad de expresión y el anonimato, rompiendo el principio de proporcionalidad. De facto, se impone una verificación generalizada que afecta a toda la población adulta y altera el equilibrio entre seguridad y libertad. Obligar a una identificación legal previa aumenta la vulnerabilidad: no solo por el riesgo de robo de identidad, sino por la creación de bases de datos sensibles que vinculan identidad real y opinión, cuyo uso opaco o filtración provoca daños irreversibles. Por ello han surgido críticas a nivel nacional e internacional: expertos, periodistas y juristas advierten que esta identificación fomentará la autocensura, el miedo a opinar y la pérdida del anonimato, una garantía democrática histórica. La libertad formal permanece, pero la libertad real se pierde. El anonimato, lejos de ser impunidad, protege el disenso, y su supresión preventiva supone una inversión preocupante de la lógica del Estado de Derecho. Y ante todo esto, hoy nos preguntamos: ¿somos realmente libres o solo nos quieren convencer de que lo somos?