Mentes Dementes de 27 junio de 2025

En los últimos días, España ha vivido un nuevo episodio que reabre el debate sobre la corrupción y sus múltiples formas. El Tribunal Constitucional ha avalado la controvertida Ley de Amnistía que exime de responsabilidad penal a los líderes del proceso independentista catalán. Aunque presentada como una medida para reforzar la convivencia, muchos expertos interpretan esta decisión como el resultado de un acuerdo político entre el Gobierno y sus socios independentistas, cuyos intereses personales y judiciales quedan así protegidos. La imagen que queda es inquietante: la posible utilización de las instituciones del Estado no para defender el interés general, sino para conservar el poder a cambio de privilegios. La idea de justicia y de legalidad se desdibuja cuando las normas se adaptan al cálculo político. La corrupción no se limita únicamente al desvío de fondos o al enriquecimiento ilícito; también se manifiesta cuando se desfigura el sentido de las leyes para satisfacer intereses particulares o para contentar a aliados estratégicos. Algunos datos recientes indican que España ha empeorado en el Índice de Percepción de la Corrupción, y no es casualidad. La corrupción parece dejar de ser una anomalía para convertirse en una práctica estructural, alimentada por la impunidad, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y el clientelismo. Pero lo más preocupante es que cada vez genera menos escándalo. Cuando la sociedad empieza a normalizar la deshonestidad, cuando el “todo vale” se impone al respeto por las reglas, la corrupción se convierte en cultura. Y no todo ocurre en las altas esferas. También debemos hablar de esa corrupción que se cuela en lo cotidiano: el vecino que utiliza su poder en la comunidad de propietarios para beneficiarse a sí mismo o a sus amigos; el ciudadano que busca atajos para saltarse las normas; o quien falsea su situación económica para recibir ayudas públicas a las que no tiene derecho. La pequeña corrupción, aunque a veces invisible, alimenta el mismo problema: la pérdida de confianza en las instituciones y en la justicia. Esta noche abrimos el debate con una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la corrupción, en todas sus formas —desde los grandes pactos políticos hasta los abusos cotidianos de poder—, se ha convertido en una realidad estructural y tolerada en la sociedad española? A partir de aquí, queremos reflexionar sobre su origen, sus distintas manifestaciones y por qué España, lejos de avanzar, empeora en los índices internacionales de percepción de la corrupción. ¿Por qué se origina la corrupción? ¿Por qué se da más corrupción en unos países que en otros? ¿Qué papel juegan la educación cívica, la cultura política y otros factores en la aparición y normalización de la corrupción? ¿Puede hablarse de una cultura de la corrupción cuando ya no escandaliza que se negocie con las leyes o se utilicen los cargos públicos como moneda de cambio? ¿La corrupción siempre tiene que ver con dinero o también puede consistir en desfigurar el sentido de las normas para favorecer a aliados, amigos o intereses personales? ¿Qué consecuencias tiene esta corrupción institucionalizada en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones y la democracia? ¿En qué medida el uso político de las leyes o las decisiones judiciales erosionan los principios de legalidad y justicia? ¿No ocurre también que muchos ciudadanos, en su día a día, reproducen formas pequeñas —pero corrosivas— de corrupción, como los típicos aprovechados de las comunidades de vecinos o quienes se valen de “atajos” para obtener objetivos? ¿La “pequeña corrupción” ciudadana alimenta y justifica, en parte, la gran corrupción política? ¿Qué responsabilidad tenemos todos, como sociedad, en frenar esta degradación? ¿Basta con indignarse o hay que empezar por no tolerar las trampas cotidianas? ¿Es posible regenerar un sistema donde la corrupción ha pasado de ser la excepción a ser la norma?