Mentes Dementes de 18 de abril de 2026

La semana pasada hablábamos de impuestos. Hoy dejamos un poco de lado el dinero, pero no las imposiciones. Porque “impuesto” e “imposición” no solo se parecen: comparten un mismo origen, imponere, “poner sobre”. Y quizá ahí esté la clave de todo. Esta semana, el Boletín Oficial del Estado ha publicado un real decreto para la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular. Una decisión de enorme calado y compleja, calificada por muchos como electoralista, que ha generado preocupación en gran parte de la opinión pública por sus muy posibles efectos adversos sobre los servicios públicos. Y es que no se trata de estar a favor o en contra de la inmigración, sino de algo muy distinto: de cómo se gestiona, de si existe planificación suficiente, de si hay debate previo y de si se tienen en cuenta las consecuencias o, por el contrario, simplemente se ejecutan decisiones ya tomadas porque interesan a quienes las toman. Esta política, la de la obligatoriedad por sistema, la de los hechos consumados, no es exclusiva de España. Si ampliamos la mirada, observamos que en la Unión Europea se repite un patrón cada vez más evidente: más regulación, más normativa y más decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana del ciudadano, pero sin tener en cuenta su opinión. De hecho, en los últimos años se han aprobado decenas de miles de normas a nivel europeo, en un proceso creciente de intervención normativa que no admiten debate público sobre su impacto real. Y el último ejemplo lo encontramos en un borrador de la Comisión Europea que, bajo el planteamiento de fomentar el teletrabajo, introduce de nuevo ese elemento clave: la obligatoriedad. Se plantea el teletrabajo al menos un día a la semana, el cierre de edificios públicos cuando sea posible, incentivos al transporte público y desincentivos al privado, entre otras medidas. Pero, más allá de las bondades o no de estas medidas, cabe pensar que una cosa es plantear un escenario optativo, en el que la gente pueda elegir si quiere trabajar en casa, si quiere llevar un coche eléctrico o si quiere usar dinero en efectivo, y otra muy diferente es imponer por decreto esas mismas cuestiones. Y aquí es donde queremos detenernos en el debate de esta noche. Porque no es lo mismo tener opciones que tener imposiciones. Hoy no vamos tanto a la idea de cuánto pagamos, sino a algo que también nos cuesta: cuánto nos dejan decidir. ¿Estamos ante decisiones necesarias para organizarnos mejor como sociedad o ante una acumulación de imposiciones que cada vez dejan menos espacio de decisión al ciudadano?