Cada día resulta más evidente… que Claudia Sheinbaum no es lo que vendió durante su campaña electoral

En cada mañanera, la presidenta parece ahondar un poco más el foso que ella misma decidió cavar al defender con tanta vehemencia el proyecto político que la llevó al poder. Resulta difícil no advertir la arrogancia con la que desprecia el derecho y la legalidad, ni la ligereza con la que exige a Estados Unidos “pruebas contundentes” contra el gobernador Rocha Moya. Sus conferencias matutinas, lejos de proyectar solvencia, han terminado por evidenciar una notable falta de preparación y criterio. Es imposible separar esas declaraciones de la imagen cuidadosamente construida que presenta: la voz serena que pretende transmitir autoridad, la vestimenta elegida para sugerir virtud y rectitud, y el tono de quien parece saber exactamente de lo que habla. Esa distancia entre la forma y el fondo resulta cada vez más evidente. Si Claudia Sheinbaum poseyera realmente la cabeza fría que le atribuían sus admiradores, o la supuesta formación científica que algunos opinadores y respetados analistas destacaron como razón para votarla, México estaría hoy avanzando en la revisión y eventual renovación del T-MEC en términos razonables para el país. Habría mantenido la estabilidad de un acuerdo que, hasta ahora, ha beneficiado claramente a la economía mexicana, como lo demuestra el hecho de que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Ningún presidente anterior comprometió esa relación. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, quien ya tuvo que lidiar con Donald Trump, puso en riesgo el pilar fundamental de la economía mexicana moderna. Ha sido la president[a] Sheinbaum quien ha colocado en entredicho tanto la relación económica como la de seguridad con Estados Unidos. Si esto no marca el final de su sexenio, sí representa, al menos, un serio retroceso para el proyecto de modernización que México había logrado consolidar en las últimas décadas. No se trata de quién mintió, sino de quién dice la verdad La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en hacer la pregunta equivocada. Desde que surgieron nuevas revelaciones sobre la forma en que Ismael “El Mayo” Zambada terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses, ha preguntado reiteradamente: ¿quién mintió? ¿Mintió Ken Salazar? ¿Mintió el FBI? ¿Mintió el gobierno de Estados Unidos? La pregunta correcta no es quién mintió. La verdadera pregunta es quién dice la verdad. Esa diferencia revela el problema de fondo: la presidenta parece analizar el funcionamiento del gobierno estadounidense como si operara bajo la misma lógica de concentración del poder que caracteriza al gobierno mexicano actual. Es un error. Creer que el embajador necesariamente sabía todos los detalles de una operación del FBI parte de una premisa equivocada: que, por haber sido embajador de Estados Unidos en México, tenía que conocer todos los pormenores de una eventual operación de esa agencia. El FBI forma parte del Poder Ejecutivo estadounidense, pero opera con una independencia institucional que difícilmente encuentra equivalente en el sistema político mexicano. No se trata de una independencia constitucional absoluta. Se trata de una autonomía construida mediante leyes, reglamentos, directrices del Departamento de Justicia, una larga tradición de Estado de derecho y una cultura institucional que limita la intervención política directa en investigaciones criminales. Por eso el Presidente de Estados Unidos no dirige personalmente investigaciones específicas. No llama al FBI para decirle a quién investigar, no decide qué evidencia reunir y no determina cómo debe conducirse una investigación penal. Esas decisiones corresponden al Departamento de Justicia y a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La historia reciente lo demuestra: durante el primer gobierno de Donald Trump hubo enfrentamientos públicos con James Comey, Christopher Wray, fiscales federales e incluso con su propio Attorney General . Si el presidente pudiera controlar discrecionalmente las investigaciones federales, esos conflictos simplemente no habrían existido. Por eso resulta perfectamente posible que Ken Salazar no conociera todos los detalles de una operación del FBI o que, sencillamente, hubiera declarado conforme a la información de la que disponía en ese momento. La presidenta confunde una investigación con un juicio La presidenta lleva meses insistiendo en que Estados Unidos debe presentar “pruebas” contra Rubén Rocha Moya. Esa insistencia revela una confusión más profunda. Los procesos penales en un Estado de derecho no funcionan exigiendo pruebas concluyentes desde el inicio. Funcionan mediante estándares probatorios progresivos: i. Primero aparecen indicios. ii. Después se reúne evidencia. iii. Posteriormente esa evidencia permite justificar determinadas actuaciones procesales. iv. Un juez controla la legalidad del procedimiento. v. Y solo al final , cuando toda esa evidencia ha sido sometida al contra interrogatorio, al escrutinio judicial y a las reglas del debido proceso, un tribunal determina si se acredita la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ese estándar pertenece al juicio, no a la investigación, no a una solicitud de extradición y mucho menos al Poder Ejecutivo. La suficiencia de la evidencia para acreditar culpabilidad corresponde exclusivamente al tribunal que conocerá del caso. No a la Presidencia de la República. Cuando la presidenta exige “pruebas contundentes” antes incluso de que una persona pueda ser sometida al juicio correspondiente, está trasladando al terreno político una función que pertenece exclusivamente al Poder Judicial. Es como si el Ejecutivo quisiera sustituir al juez. Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Mientras la presidenta exige pruebas definitivas para un gobernador de su propio movimiento político, el mismo proyecto político que la llevó al poder defendió la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, figura que ha sido objeto de reiteradas críticas por organismos internacionales de derechos humanos debido a que permite mantener privadas de la libertad a miles de personas que todavía no cuentan con una sentencia condenatoria. Es decir, para miles de mexicanos bastan determinados estándares procesales para permanecer años encarcelados mientras se desarrolla su proceso. Pero para Rubén Rocha Moya, la presidenta parece exigir un estándar propio de una sentencia definitiva. ¿Por qué? La presidenta convirtió un caso penal en un conflicto de alto riesgo para el T-MEC Todo lo anterior tendría consecuencias limitadas si ocurriera en otro momento. No ocurre en cualquier momento. Ocurre cuando la relación bilateral más importante para México atraviesa su periodo de mayor desconfianza en décadas. Desde hace tiempo sostengo que el T-MEC dejó de ser exclusivamente un tratado comercial. La evidencia más reciente fue la creación del Shield of the Americas , la coalición impulsada por la administración Trump que agrupa a países latinoamericanos afines a sus políticas para combatir a los cárteles. Hoy el T-MEC es también un instrumento mediante el cual Estados Unidos administra su confianza —o su desconfianza— hacia el gobierno mexicano. Las declaraciones públicas de Donald Trump sobre el papel de los cárteles, su afirmación de que las autoridades mexicanas actúan bajo la presión del crimen organizado, la designación de diversos cárteles como organizaciones terroristas y la creciente vinculación entre comercio, migración, fentanilo y seguridad muestran que Washington ya no separa estos temas. Quien crea que la revisión del T-MEC se limitará a reglas de origen, aranceles o contenido regional simplemente no está leyendo las señales políticas. Aquí aparece otra contradicción. Si el gobierno mexicano estuviera convencido de que agentes estadounidenses realizaron una operación ilegal en territorio nacional para trasladar a Ismael Zambada, tendría a su disposición una herramienta jurídica creada por el propio gobierno de López Obrador. El artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional dispone que cuando se acredite que agentes extranjeros participaron … This is a public episode. 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