Carolina Rudnick: “La situación de Chile es grave, no tiene criminalizado el trabajo forzado”
Sobre este episodio
Estados Unidos confirmó la aplicación de un nuevo esquema de aranceles para más de 60 países, entre ellos Chile, por considerar que no han implementado o fiscalizado de manera efectiva la prohibición de importar productos elaborados con “trabajo forzoso”. En el caso de nuestro país, el nuevo gravamen alcanza al 12,5% para parte importante de las importaciones. Al respecto, en #SinPretexto, conversamos con Carolina Rudnick, presidenta y cofundadora de Fundación Libera, quien planteó: “más allá de las motivaciones morales detrás de este arancel, porque para nadie es un misterio de que es una decisión comercial, efectivamente lo que Estados Unidos investiga es si los países con los que tiene relaciones comerciales tienen prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzado”. En ese sentido, agregó que “la conclusión de EEUU es que Chile no tiene una ley de esa naturaleza, ni ha iniciado ningún mecanismo interno y tampoco ha celebrado acuerdos sobre la materia, lo que otros países sí han hecho (…) La situación de Chile es más grave aún porque no tiene criminalizado el trabajo forzado”. La abogada de la U. de Concepción y máster de la London School of Economics, recordó que en julio del año pasado, su fundación elevó una solicitud a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) y a la Cancillería de Chile, para que incluyeran las obligaciones laborales que criminalizaran el trabajo forzado y se reforzara la legislación en los sectores de riesgo. Tratativas, que a la luz de la aplicación del nuevo arancel, fueron infructuosas. “Hace décadas, sindicatos, organizaciones y academia han denunciado la existencia de practicas constitutivas de trabajo forzado en dos sectores claves: la agricultura y la salmonicultura. Estas denuncias han significado querellas en curso a nivel nacional e internacional, ante el propio USTR. Y por supuesto, siempre acompañado de entregar los antecedentes al Estado, pero no ha habido fortalecimiento de la fiscalización laboral, todo lo contrario”, finalizó.