La tragedia de Urda sacude la confianza en el AVE y pone en jaque al Gobierno: "Llegamos a esta fecha con el corazón encogido"

Este domingo, 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, España amanece con el corazón encogido por la tragedia ferroviaria de Urda (Castilla-La Mancha), que deja un balance provisional de 60 fallecidos y 34 heridos, 15 de ellos en la UCI. La conmoción por el siniestro ha marcado la actualidad del país, tal y como ha analizado Beatriz Pérez Otín en el programa 'Fin de Semana' de la COPE. La localidad de Urda se convirtió ayer en el epicentro del duelo con el funeral por las víctimas, celebrado en la iglesia de San Juan Bautista. Durante la ceremonia, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, pidió que no se olvide la tragedia y lanzó un mensaje de calado: "Aprendamos a cuidar la vida". Además, reclamó "diligencia a quienes tienen responsabilidades en la seguridad del transporte" y que se busque la verdad de lo ocurrido. En el mismo acto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hizo un llamamiento a la unidad en el dolor y destacó la reacción de la sociedad española. "Ha habido una inmensa solidaridad y un estado de ánimo compartido en toda España, en todos sus rincones, independientemente de las ideas de cada cual. Y eso pone muy de manifiesto también la forma de ser de los españoles", afirmó, elogiando la colaboración ciudadana. Mientras las familias afrontan la pérdida, el proceso de identificación de los fallecidos avanza. La consejera portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado que ya se han realizado las 69 autopsias y se ha identificado a 50 personas, notificándolo a sus familias. Para las 13 restantes, ha explicado que "es necesaria la cooperación internacional". La jornada coincide con el puente de Todos los Santos, en el que la Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que se producirán más de 5,3 millones de viajes. Según el director del Instituto del Clima de Alicante, Jorge Olcina, la semana comenzará con inestabilidad en Canarias y Cataluña y, a partir del martes, se notará un "progresivo descenso de las temperaturas", con heladas de hasta -4 grados en Soria, aunque en el Mediterráneo se rozarán los 19 grados durante el día. En poco más de nueve meses, dos accidentes ferroviarios —el de Urda y el de Adamuz en enero, con 46 fallecidos— han dejado 115 víctimas mortales, lo que ha erosionado gravemente la confianza ciudadana en el sistema. Un estudio de 40dB posterior al siniestro de Adamuz ya revelaba que el 58% de los encuestados tenía "poca o ninguna confianza" en la seguridad del tren, y casi la mitad se planteaba dejar de usarlo. El testimonio de los supervivientes refleja este sentir. Miguel Contreras, que viajaba en el tren siniestrado y resultó ileso, expresó con contundencia su miedo a volver a subirse a un tren: "Ni de coña, es que no hay manera. No tiene nombre lo que ha pasado, no tiene nombre, porque yo puedo entender que hay errores, por supuesto, como en todo. [...] Pero el problema es cuando hemos estado 15 minutos parados de reloj. ¿Cómo no pueden avisar al tren de atrás?" La recuperación de la normalidad se prevé lenta. Adif aún no ha fijado una fecha para reabrir el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía, y cuando lo haga, Renfe ha ordenado que los trenes circulen a "marcha lenta", a no más de 40 km/h, en caso de crisis en la línea. Esta situación contrasta con la imagen de eficiencia que proyectó España durante décadas, construyendo la segunda red de alta velocidad más grande del mundo, solo por detrás de China. El que fuera un referente internacional, exportando tecnología a países como Marruecos o Reino Unido, ofrece hoy una imagen distinta. Un dato revelador es que Renfe ha presupuestado 2,8 millones de euros en 2025 para taxis destinados a trasladar a viajeros afectados por incidencias, lo que evidencia las dificultades para garantizar la fiabilidad del servicio. Esta sensación de vulnerabilidad ha puesto el foco en el papel del Estado. La Constitución, en su artículo 103, establece que la administración debe servir con objetividad y eficacia los intereses generales. Sin embargo, tragedias como la de Urda, Adamuz o la DANA de Valencia han generado un debate sobre la capacidad de respuesta y coordinación de las administraciones públicas en momentos de emergencia. A menos de un mes de las elecciones del 29 de noviembre, la tragedia ha desatado una tormenta política. El diario 'El Mundo' abre su portada con el titular: "Pánico en el Partido Socialista ante una derrota dura por los trenes", reflejando el malestar interno por el respaldo del presidente Pedro Sánchez al ministro de Transportes, Óscar Puente. Encuestas como la de Michavila ya apuntan a un "cambio abrupto" en la intención de voto desde el accidente. La oposición ha cerrado filas para exigir responsabilidades. La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero; Ada Colau y Emilio Delgado de Frente Amplio; y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han reclamado la dimisión del ministro. Desde el PP han sido tajantes: "Son hechos inasumibles, y que han ocurrido en muy poco espacio de tiempo, y creemos que se tienen que tomar responsabilidades políticas. [...] Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas". El próximo martes, Óscar Puente comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, en una sesión que se prevé de alta tensión. Mientras la política mide los costes electorales, las familias de las víctimas se aferran al recuerdo en un día señalado, con la frase del arzobispo de Toledo resonando con más fuerza que nunca: "Aprendamos a cuidar más la vida".