Fiscalía presiona y genera conmoción social para que los jueces emitan prisión preventiva, señala magistrado

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, Vinicio Palacios, cuestionó el comunicado de la Fiscalía General del Estado respecto a la crisis carcelaria, donde se trata de entrever que parte de la responsabilidad de lo ocurrido en la Penitenciar del Litoral recae en los jueces. Destacó que ha sido la Fiscalía encabezada por Diana Salazar, la entidad que ha usado la prisión preventiva no como excepcionalidad sino como norma general en todos los casos: “Recordemos hasta hace poco, sobre ciertos tipo de infracciones, la Fiscalía causaba conmoción social, diciendo que había impunidad y que los juzgadores no trabajaban de acuerdo a su deber y pedían sanciones a la Judicatura”. Aseveró que al parecer se tiene la idea de que por pedir prisión preventiva en todos los casos y presionar para que los jueces lo acepten, hace del fiscal el mejor funcionario y no va por ahí, pues ahora el Ejecutivo no sabe qué hacer con los privados de libertad. “Y esa presión posiblemente haya incidido en juzgadores, pero para eso estamos como Asociación buscando brindar el apoyo a los jueces para que actúen en plena libertad, porque ellos pueden sentirse solos ante la presión mediática y de Fiscalía”. En todo caso indicó que aún si un magistrado dictara prisión preventiva, es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) el que debe cumplir su rol de protección: “Debe existir presupuesto, verdadera rehabilitación social, que no existe un objetivo como aumentar las penas o endurecimiento de las mismas, sino una política enfocada en el ámbito social”. Indicó que las políticas públicas no solo va por el tema de las cárceles sino en todos los segmentos sociales, desde el niño o niña que no tiene condiciones básicas en su familia y al ir creciendo se ve atado de manos y empieza a delinquir: “Desde ahí debería existir política social”.