En este momento resulta peligroso lanzar hipótesis de terrorismo cuando estamos pidiendo pacificación, señala Defensor del Pueblo

“Debemos tener cordura”, resaltó César Córdova Valverde, defensor del Pueblo encargado, al referirse a las declaraciones de Carlos Jijón, vocero del Gobierno Nacional, respecto a que la masacre ocurrida en la Penitenciaria del Litoral el pasado viernes 12 de noviembre correspondería a un acto terrorista para causar conmoción en un momento político donde una Mesa Legislativa emitió un informe solicitando la destitución del Presidente de la República, Guillermo Lasso. El funcionario manifestó que no es momento de lanzar hipótesis en medios de comunicación, pues en caso de tener la certeza de que son actos terroristas se debería presentar la denuncia debidamente sustentada a la Fiscalía General del Estado a fin de que inicie procesos investigativos. “En este momento resulta peligroso decir eso, estamos pidiendo pacificación y tiene que empezar casa adentro”. Instó a no incendiar al país en momentos en los que la población se encuentra preocupada de que las guerras se trasladen afuera de las cárceles: “Debemos tener cordura en las declaraciones”, reiteró. Córdova aseveró que en este camino de la pacificación la Iglesia Católica aceptó participar, asimismo se está pidiendo la intervención de los Defensores del Pueblo de Iberoamérica, a un ente de la Comunidad Europea al igual que a la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta última estaría en Ecuador a principios del mes de diciembre : “Para eso necesitamos tranquilidad en los centros de rehabilitación porque tampoco podemos exponerlos para que corran riesgo su vida”. “Estamos ayudando a definir la política pública que se implementará en los centros de rehabilitación social, hasta enero esperemos que esté creado por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI en colaboración con otros ministerios deberá ejecutar política pública”. Aseguró que la Defensoría del Pueblo estará vigilante de que se cumplan las políticas públicas y la reparación a las familias de los privados de la libertad asesinados, que el Jefe de Estado ofreció.