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Marc Gallardo (RSM Spain) · 2.ª parte: el iris de Worldcoin, parado en España el 6 de marzo — «la normativa parte de una prohibición per se»

· 29 min

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Sobre este episodio

Segunda parte del programa del lunes 18 de marzo de 2024, al volver de la pausa, y es la media hora del caso concreto. Carlos Puig Sagi-Vela sigue con Marc Gallardo, partner de RSM Spain y presidente de la sección TIC del Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde se habían quedado en los periodos transitorios de la regulación europea. Las valoraciones jurídicas son suyas, no del programa, y nada de esto es asesoramiento legal ni una recomendación de inversión. DE QUÉ SE HABLÓ EL CONSEJO QUE DA A LAS STARTUPS, Y POR QUÉ CUESTA TANTO. «Muchos de los empresarios que lanzan este tipo de proyectos son gente muy joven… aceleran lo que es nuclear dentro del negocio, la parte tecnológica, van adelante con todo, pero no se plantean la parte legal.» Su argumento no es moral, es de coste: «al final ya puede ser demasiado tarde y, si hay que volver al principio, pues es una pérdida de tiempo y de dinero». Lo que predica es meter lo legal «desde el propio diseño del proyecto», y dice ver un cambio de mentalidad en los más jóvenes. Cuenta también cómo se organizaron ellos: tras la pandemia montaron una unidad mixta de negocio digital que acompaña al cliente «no solo en la parte legal, sino desde el punto de vista de la tecnología e incluso desde el punto de vista de la financiación». EL CASO WORLDCOIN, CONTADO CON FECHAS. La pregunta de Carlos es directa: empresas que ofrecen criptoactivos a cambio de escanear el iris, ¿tienen cabida? Su respuesta abre y cierra el bloque: «todo proyecto tiene cabida siempre y cuando dé cumplimiento a la normativa aplicable». Y después el detalle que mucha gente desconoce: con los datos biométricos «la normativa parte de una prohibición per se»; el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe de entrada recoger y usar datos biométricos salvo excepciones, y la principal es «el consentimiento explícito de los afectados». «Y ahí está la madre del cordero»: ese consentimiento tiene que ser además muy bien informado —qué se hace con los datos, a quién se comunican, para qué fines—, y es ahí donde la Agencia Española de Protección de Datos vio un déficit. LA CRONOLOGÍA, QUE ES LO QUE DA VALOR A ESTA ENTREVISTA. La empresa que está detrás, Tools for Humanity —del conglomerado Worldcoin, con Sam Altman entre sus fundadores—, es alemana y está establecida en Baviera, y la autoridad bávara llevaba tiempo investigando las mismas prácticas. Mientras tanto, la Agencia Española recibió denuncias de personas y asociaciones, con un agravante: el consentimiento de los menores de 14 años, que corresponde a tutores o representantes legales. Y el incentivo: «escanéate el iris, que te daré una moneda». Su cuenta de servilleta: «¿qué pasaría si no dieran ese incentivo? Pues probablemente, en lugar de medio millón, habrían recogido centenares, si llega». A eso suma otro reproche, el de la retirada del consentimiento: te derivan a la app que hace de monedero y «no queda claro si el consentimiento queda revocado o no». Con eso, el 6 de marzo la Agencia ordenó una medida excepcional: dejar de recopilar iris y bloquear lo ya recogido, con una duración máxima de tres meses; y el 11 de marzo la Audiencia Nacional la avaló «en un auto súper rápido». Las cifras que da son suyas: más de cuatro millones y medio de iris captados en el mundo y «no llega a 500.000» en España. Y LA PARTE QUE NADIE CUENTA: ESTO PUEDE ACABAR AL REVÉS. «Estamos viendo el principio de la historia, pero todavía no hemos visto el final.» Worldcoin sostiene que la Agencia española fue por su cuenta sin usar el mecanismo de coherencia entre autoridades europeas, y que con Baviera —uno de los entornos más restrictivos de Europa— llevaba año y pico hablando sin que le prohibieran nada. Él no apuesta: «tengo más preguntas que respuestas». Menciona que la empresa ha publicado una auditoría de seguridad externa sosteniendo que del iris no guardan nada, que todo va cifrado y que se genera un código; y que si lo demuestran con evidencias, «el peso de las evidencias irá a su favor». Añade el riesgo que casi nadie pone sobre la mesa: qué pasaría ante un ciberataque contra esa base de datos. Y plantea una hipótesis incómoda: si al final le dan la razón a la empresa, podría reclamar una indemnización por la medida cautelar, que acabarían pagando los contribuyentes. EL PRECEDENTE QUE TRAE A COLACIÓN, Y POR QUÉ. Clearview escrapeaba con bots millones de imágenes de personas y vendía el acceso a esa base de datos —a policías y al sector privado— para localizar dónde aparecía alguien en internet. Hubo agencias que sancionaron, y él sostiene que después hubo recursos y que la empresa ganó. Lo trae por la moraleja, no por el detalle: «las cosas ahora son de una manera, luego pueden ser de otra». POR QUÉ FUE ESPAÑA Y NO OTRO PAÍS. «La Agencia Española de Protección de Datos se ha erigido muchas veces en valedora europea de los derechos de protección de datos.» Y lo apoya en el caso del que nació el derecho al olvido: un ciudadano que no quería que, al buscar su nombre en Google, apareciera una deuda ya saldada; acudió primero a la hemeroteca de La Vanguardia, que no le hizo caso, y después a la Agencia, que ordenó a Google retirarlo cuando ni existía el Reglamento General de Protección de Datos ni el derecho al olvido estaba reconocido. Aquello llegó al tribunal europeo y acabó cristalizando como un derecho nuevo en el reglamento. EL MENSAJE A LOS ABOGADOS JÓVENES, QUE ES EL CIERRE. «Abrazar la tecnología.» Usa la frase que se atribuye mal a Darwin —sobreviven las especies que mejor se adaptan al cambio— y se la aplica a su propio gremio sin piedad: «la profesión de abogados está anclada aún en cimientos algo antiguos, algo anticuados y algo obsoletos. Hay que romper ese molde, hay que empezar a pensar fuera de la caja». Señala a las universidades tanto como a los colegios profesionales, y pone el contraste con Estados Unidos, donde según cuenta ya incorporan tecnología a los programas: «un abogado que no sepa programar un smart contract, pues no pasa la licenciatura, para entendernos». Desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona hacen cada año cursos de aspectos jurídicos de la inteligencia artificial, ciberseguridad y blockchain, y anuncia un máster de inteligencia artificial. EL CRIPTOENIGMA, RESUELTO Qué es el tesoro del Pineapple Fund. Respuesta del programa: un proyecto filantrópico en el que un donante anónimo conocido solo como Pine prometió donar 5.057 bitcoins a organizaciones benéficas en diciembre de 2017. No es un enigma en sentido estricto, pero la identidad de Pine y su decisión de repartir una fortuna convirtieron aquello en leyenda. (En antena la cifra en dólares se dijo mal: esos 5.057 bitcoins valían unos 86 millones de dólares a precios de diciembre de 2017, no 350.000.) EL CRIPTOCONSEJO Aunque las transacciones en blockchain son transparentes, mantener tu privacidad importa: valora el uso de servicios de mezcla o de criptomonedas enfocadas a la privacidad para las operaciones que requieran anonimato, siendo consciente de la regulación local sobre esos servicios y monedas, y respetándola. ENLACES DEL INVITADO RSM Spain: https://www.rsm.global/spain Si quieres avanzar en tu soberanía patrimonial, entra en https://www.cryptofinanzaslibres.com porque nadie puede quitarte lo que no saben que tienes.

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