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9-30-26

· 3 min

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Sobre este episodio

Después de cuatro días de protestas masivas que incluyeron encampamentos en decenas de ciudades, el gobierno español aprobó una prohibición de emergencia de todos los desalojos hasta el año dos mil treinta. El miércoles pasado, Maricarmen Abascal, de ochenta y siete años, fue desalojada por la empresa de inversiónes Urbagestión, que había comprado el edificio donde ella residía desde hace setenta años. Su alquiler mensual había aumentado de quinientos a dos mil seiscientos euros. En respuesta, grupos de defensa de los derechos de los inquilinos organizaron protestas masivas el sábado, centradas en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de manifestantes armaron tiendas de campaña y ocuparon la plaza, inspirando decenas de ocupaciones en todo el país. Ante esto, el gobierno aprobó una prohibición de emergencia de todos los desalojos hasta el año dos mil treinta, así como la prohibición de que las firmas de inversión compren viviendas hasta el año dos mil veintiocho, entre otras medidas de protección para los inquilinos. El decreto entra en vigor de inmediato, pero será sometido a votación formal dentro de treinta días. Dada la actual dinámica de poder en el Parlamento español, es poco probable que se aprueben los cambios. After four days of mass protests which included tent encampments in dozens of cities, the Spanish government approved an emergency ban on all evictions until the year twenty thirty. Last Wednesday, eighty-seven-year-old Maricarmen Abascal was evicted by the nvestment firm Urbagestión, which bought the building she lived in for seventy years. Her monthly rent was raised from five hundred to twenty six hundred euros. In response, tenant's rights groups organized mass protests on Saturday, centered in Madrid's Puerta del Sol Plaza. Thousands of protesters set up their tents and occupied the plaza, inspiring dozens of occupations throughout the country. In response, the government passed an emergency ban on all evictions until the year twenty thirty, as well as a ban on investment firms from buying houses until the year twenty twenty eight, and other tenant protections. The decree goes into effect immediately but will be voted on formally in thirty days. Given the current power dynamic in the Spanish Parliament, it is unlikely to approve the changes.

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