Es mejor regular el lobbing a través de una ley, a criterio del abogado Víctor Hugo Espinosa, autor de un ensayo sobre esta temática

Víctor Augusto Espinosa, abogado en Derecho Laboral y regulación de la educación superior, presentó el libro Lobbying en Ecuador. Los límites jurídicos a la influencia de intereses particulares en la política. Para Espinosa, en términos generales, el lobbing es la influencia de actores ajenos a las instituciones en las decisiones relevantes para el interés general, que lo utilizan sobre todo los actores privados. Hay una discusión académica muy interesante sobre si el lobbing debe ser operado también por personas que trabajan el sector público, dice el autor, porque se entiende que quienes forman parte del sector público cumplen funciones asignadas por la ley. También la legitimidad de esta práctica es objeto de una discusión ideológica, por una probable ruptura del principio democrático por el que se cuestiona hasta qué punto es legítimo que actores que tienen mayor capacidad de incidir en la política, mediante el lobbing, tengan más peso que el ciudadano común. Espinosa señala que el lobbing es un hecho, es algo innegable, que lo ejercen actores de grupos económicos, movimientos sociales, unos con más ventaja que otros, en función de su capacidad económica. Está de acuerdo en que si no se transparenta esta práctica, los efectos nocivos y la relevancia de esas asimetrías económicas se vuelven más evidentes. Pero, dice, hay una paradoja regulatoria, porque si se regula se da legitimidad para que actores con ventaja tengan mayor capacidad que otros para incidir en la política. Sin embargo, si no es regulado, va a seguir existiendo el lobbing y es difícil limitarlo, pero en condiciones de opacidad donde las desigualdades y asimetrías económicas son más relevantes y tienen más incidencia, alerta.