Hay intereses que se vislumbran dentro del juicio político contra el Defensor del Pueblo: Richard González

Richard González Dávila, abogado del defensor del Pueblo Freddy Carrión, informó que se ha solicitado a un juez constitucional para que controle el proceso de juicio político en contra del aún funcionario, pues, dijo, no se le está permitiendo ejercer su legítimo derecho a la defensa. A criterio del jurista hay intereses que se vislumbran en el proceso porque, según dijo, la Defensoría del Pueblo se convertido en un botín político a través del cual se ha repartido cargos a ciertos asambleístas: “Viendo cómo están actuando y con la falta de seriedad nos lleva a pensar aquello, que necesitan esa institución para cualquier repartija”. Advirtió que en la comparecencia de Carrión prevista para el próximo viernes 3 de septiembre, el funcionario dará a conocer cómo se han repartido los cargos de la Defensoría en diferentes provincias y a diferentes bancadas: “Eso incomoda”. Reprochó que mientras al Defensor del Pueblo se lo juzga y se lo procesa, al exministro de Salud, Mauro Falconí, lo califiquen como testigo protegido siendo que en su departamento se le encontraron USD47.000 en efectivo, joyas, siete celulares, dos chips y tres computadores, de los cuales no hay una pericia, investigación ni cuestionamientos: “Cuando le encuentran todo esto, justo aparece Mauro Falconí hablando de un elemento de abuso sexual, ahí lo colocan como testigo protegido” Detalló que Falconí visitó a Carrión tres días antes de lo ocurrido para decirle que tiene información de la vacunación VIP denunciada en contra de Lenín Moreno y de la cual también habría participado la exvicepresidenta María Alejandra Muñoz: “Le dijo que tenía pruebas para demostrarlo en su departamento porque ahí estaban seguras. Pero la investigación no ha querido desarrollar por qué pasó lo que pasó”. En todo caso, remarcó que el Defensor del Pueblo tiene derecho a ejercer su defensa personal, contradecir, repreguntar y estar presente en la sala donde se lleva a cabo el juicio político y no solo el día viernes como está previsto: “De qué hablará si no ha escuchado los testimonios de pruebas de cargo de interpelantes, no tendrá conocimiento si no se le ha notificado, por qué no se le deja repreguntar”. Ejemplificó con el caso del testimonio del mayor de la Policía, Juan Fernando Ramos, quien aseguró que Carrión fue detenido de manera flagrante, cosa que no es verdad y podría constituir en un fraude procesal dentro del sistema de justicia: “Si el juicio se trata de traer chismes no hay juicio político”. Reprochó el uso de la fuerza pública para acallarlo a él y a la esposa del funcionario detenido en la cárcel 4: “Constituye una arbitrariedad”. Con esa base, aseguró que toda la prueba de este caso sería nula por lo cual deberán responder ante un juez constitucional: “Se está vulnerando el derecho a la defensa, hemos pedido que se declare la nulidad”.