No se puede criminalizar el consumo de drogas cuando es un tema de salud pública, señala Carina Vance

Carina Vance, exministra de Salud, recordó que la Constitución en su artículo 374 prohíbe la criminalización del consumo de estupefacientes y lo establece como un problema que debe solucionarse desde la salud pública, no solo a través de su tratamiento sino también por la prevención : “Criminalizarlo no resuelve el problema”. De otro lado, indicó que si las estadísticas hablan de un incremento del microtráfico, se deben hacer distinciones sobre este tema y empatar si en algunos casos se debe a la situación que enfrenta el país en sus niveles de desempleo e incremento de la pobreza: “La solución no pasa por decir que apresarán a esa persona cuando quizá ha entrado en algo que no quiere porque prefiere trabajo estable. El país requiere políticas de protección social y políticas a largo plazo”. Señaló que la criminalización va contra toda política dictada por organismos internacionales como la ONU por lo cual otros países han generado otro tipo de alternativas para prevenir el consumo de drogas y eso pasa por una inversión en educación: “En Finlandia, por ejemplo, incorporaron actividades extracurriculares después de clases que bajo considerablemente el consumo, esto mientras en Ecuador vemos un desfinanciamiento en el sistema educativo”. A criterio de la exfuncionaria la idea de eliminar la tabla de consumo de drogas que permite conocer si un caso es o no un problema de salud pública, agravará, incluso, la crisis carcelaria que ya no puede más con el hacinamiento registrado en la actualidad y que ha derivado en masacres al interior de los centros: “Son lugares que no están capacitados para lidiar con el tratamiento de una persona con adicción y más bien lo profundizarán”. Sostuvo que si la Vicepresidencia de la República quiere trabajar en salud preventiva debe hacerlo en esta arista también, en ese sentido recordó que en el Gobierno de Rafael Correa se realizó un trabajo intersectorial con el que era el Consejo Nacional de Sustancias Estupefaciente, la Procuraduría, Fiscalía, Ministerios de Justicia y Salud, los cuales analizaron los umbrales del consumo y pensando el nivel de riesgo: “Bajo ningún concepto se eliminaba la responsabilidad del Estado de investigar y determinar si una cantidad sea mínima o mayor a la que se establece en la tabla, se refería no al consumo individual”.