Hay incongruencias en el accionar del alcalde de Quito, al intentar coercionar a los trabajadores municipales: Paulina Izurieta

Paulina Izurieta, concejala de Quito, mostró preocupación frente al acuerdo de confidencialidad que se dio a conocer el pasado 30 de octubre en el cabildo capitalino, el cual no delimitaba con claridad los alcances de su restricción. Señaló que hay incongruencias entre el accionar del alcalde Santiago Guarderas, quien emitió un Código de Ética sin participación de los concejales y luego pide firmar a los trabajadores municipales el documento denominado “acuerdo”, pero en realidad fue obligatorio en la Agencia Metropolitana de Control, so pena de no renovación de contrato. “Vemos ausencia de criterios claros con respecto a los acuerdos de confidencialidad porque violenta y se quiere dar una imagen corporativa a un proceso que es netamente público”. Criticó que por un lado se pregone el famoso Código de Ética pero por otro se quiera opacar la labor del municipio y se impida que los ciudadanos accedan a información relevante. “En el Municipio no se maneja ningún tipo de patente industrial, no se sabe que se quiere cuidar o preservar o qué tipo de información es delicada”. Manifestó que si se le quiere dar carácter de reservado a alguna información debería ser en niveles jerárquicos, más no a los agentes metropolitanos resto de trabajadores porque impedirá el trabajo fiscalizador: “Se les violenta derechos y se van contra la ley”. Informó que el alcalde insistirá en el tema en 30 días, mismo que no se sabe si pasará puesto que, dijo, hay una suerte de una pequeña monarquía dentro del Concejo con una corte: “Hay una aplanadora de 14 concejales que van por encima de muchos criterios”. Además recordó que ya existen leyes regulatorias del comportamiento de los funcionarios y una regulación municipal propia.