En el Gobierno de Correa no se cedió territorio a las mafias, incluso JR y JL denunciaron al Estado por poner orden, recuerda Ledy Zúñiga

Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, destacó que cuando no se reconoce la responsabilidad del Gobierno frente a la crisis carcelaria y se busca culpables en todo lado, no permite responder adecuadamente a lo que ocurre. Rechazó las afirmaciones de ciertas autoridades del régimen, quienes han mencionado que en el Gobierno de Rafael Correa no se registraban las masacres porque se cedió territorio al narcotráfico, en ese sentido recordó que tanto alias “JR” como “JL” interpusieron denuncias contras los directores de los Centros de Rehabilitación por clasificarlos y colocarlos en pabellones de alta seguridad: “¿Dónde está el acuerdo? Ellos se sentían atacados en sus derechos. Las autoridades tuvieron denuncias de tortura por haberlos clasificados”. Insistió que discursos de supuesta desestabilización ya no calzan y tampoco servirán como un justificativo ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Ya han pasado suficientes años para que sigan echando la culpa a la Revolución Ciudadana”. Destacó que a partir de 2018, cuando el Gobierno de Lenín Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia se dejó de lado la política de rehabilitación social en la cual los privados de libertad se beneficiaban de estudios, otros de talleres y se aplicaba tratamientos. “Nosotros aplicamos la política cero óseo, porque cuando tienen tiempo libre se genera la violencia (…) Ahora nadie es responsable por lo que ocurre, ni la Policía, ni las FFAA, no hay una cabeza responsable ni una política criminal”. Subrayó que las masacres ocurridas en este 2020 y que han dejado más de 300 muertos en las cárceles es producto del abandono, la desidia, el desinterés y la indiferencia del Estado: “No se trata de salir a decir que es un problema de bandas porque eso ha sido parte de la historia. El tema es que el Estado sí tenía control de los Centros porque el Ministerio de Justicia tenía capacidad de coordinar con otras funciones del Estado, una vez abandonado este tema, los cabecillas empiezan a tomar el control”. Zúñiga aseveró que la diferencia con la administración de Rafael Correa, es que en ese Gobierno sí hubo decisión política para transformar el sistema carcelario a uno de rehabilitación social, porque se designaron recursos, se implementó un modelo, se otorgaron beneficios penitenciarios, lo cual permitió que entre 2016 y 2017 se despachen más de 6.000 carpetas: “Hay que ver por qué estos años no se ha dado atención adecuada, verificar si hay suficiente número de jueces de garantías penitenciaras”.