Decreto de la J. A. para la protección jurídica y psicológica de los docentes

Según un estudio del Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza, un gran número de los docentes de centros públicos españoles no se sienten apoyados ni respaldados por la administración ante el aumento de las agresiones verbales y físicas que reciben por parte del alumnado. De los 109.000 docentes que hay en nuestra comunidad, más de 70 han pedido asistencia jurídica en lo que va de curso. Lo han hecho tras sufrir agresiones físicas o verbales, o daños personales y materiales. El nuevo decreto viene a reconocerles la condición de autoridad pública, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario.