Un terreno de todos que nadie puede cuidar | Karina Rodríguez | Pongámonos Serios

A tres kilómetros del centro de San José, en uno de los distritos más densamente poblados del país, hay una represa de 1870 intacta, los canales que movieron el primer silo despulpador patentado en Costa Rica, y las pilas de lavado de café donde hoy se reproduce una rana de ojos dorados endémica. También hay un pinzón cafetalero, ave endémica y catalogada como casi amenazada, que compite por espacio con el desarrollo inmobiliario. Nada de eso está protegido. Y el obstáculo no es técnico ni presupuestario: es de titularidad. Karina Rodríguez Sáenz —bióloga, más de 27 años en gestión ambiental, asesora del Banco Mundial y el BCIE— dirige Hatillo Verde, una asociación que nació en pandemia recogiendo basura y terminó mapeando propiedades catastrales, levantando evidencia científica y empujando legislación. En esta conversación desarmamos el mecanismo completo: los terrenos son del INVU, así que la Municipalidad no puede intervenirlos; para que pueda, hace falta un comodato; para resolverlo de fondo, hace falta el expediente 25.466, presentado en marzo y todavía sin convocatoria del Ejecutivo. Mientras tanto, un amparo de 2012 ordenó conservar 60 hectáreas en las riberas del María Aguilar y el Tiribí, y hoy queda bastante menos. Hablamos de por qué una luminaria tarda entre uno y dos años en instalarse, de camiones cisterna que descargan aguas residuales en una alcantarilla porque tratarlas cuesta, de qué se necesita para que un dictamen ambiental exista, y de por qué un grupo de vecinos tuvo que convertirse en generador de evidencia técnica antes de que alguien los escuchara. Una pregunta atraviesa todo el episodio: cuando la voluntad ciudadana ya está y la evidencia ya está, ¿qué es exactamente lo que falta?