Sánchez pide comparecer... dentro de un mes

El PSOE de Pedro Sánchez sigue sin dar una respuesta clara al auto del juez de la Audiencia Nacional que aprecia indicios sobre la supuesta creación y financiación de la trama vinculada a la llamada “fontanera” Leire Díez. El partido tampoco ha reaccionado con contundencia ante la investigación que cerca al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas aplazan sus explicaciones y remiten a una comparecencia en el Congreso solicitada por Pedro Sánchez, todavía sin fecha y que previsiblemente no se celebrará antes de la semana del 22 de junio. La petición registrada señala que Sánchez comparecerá “al objeto de informar sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas, así como de la última reunión del Consejo Europeo”. Como el Consejo Europeo tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, lo previsible es que el presidente acuda al Congreso el 24 de junio, casi un mes después de que estallaran ambos escándalos. Desde Moncloa habrían optado por vincular ambas cuestiones en una sola comparecencia para rebajar la presión política y ganar tiempo ante el caso Leire Díez y la investigación sobre Zapatero. Otras noticias La presidencia de la SEPI contrató a Ernst & Young, una de las mayores firmas de auditoría y consultoría del mundo, para recibir asesoramiento sobre la tributación que deben afrontar las empresas integradas en el grupo ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria y sobre las posibles alternativas fiscales existentes. Los escándalos del PSOE y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, han encendido los ánimos en el Pleno de las Cortes de Aragón. España ha rebajado su respaldo a la iniciativa liderada por Francia para endurecer las defensas comerciales de la Unión Europea frente a China. La Policía Judicial portuguesa ha registrado la sede del Partido Socialista de Portugal en el marco de una macrooperación contra un presunto entramado de prevaricación en la adjudicación de contratos municipales que habría causado un perjuicio superior a dos millones de euros a las arcas públicas.