La tierra quemada de Sánchez y el Estado de Derecho

A Sánchez le molesta que se haga referencia al sanchismo como el cuerpo ideológico populista y radical que impulsa sus políticas de gobierno. No tendría que ser un término negativo, pero la realidad confirma que no existe un propósito de enmienda, sino una pertinaz persistencia en debilitar o demoler la separación de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho. Es una realidad contrastable desde que asumió la presidencia tras una moción de censura tan legal como legítima. Nunca he cuestionado la utilización de una institución prevista en la Constitución. Otra cosa distinta es la ofensiva política que permitió tumbar un gobierno, aunque es evidente que no fue orquestada o promovida por Sánchez. Había un claro y objetivo interés de desalojar al PP del Gobierno. Rajoy era la pieza que abatir. Esa sí fue una evidente muestra de lawfare, como otras emprendidas por los socialistas como el asalto a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal Constitucional. Por supuesto, hay que incluir el interés de Sánchez por asaltar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e impedir su independencia. La diferencia es la capacidad propagandística de La Moncloa y su poderoso aparato mediático, ya que el lawfare sanchista se blanquea como sucedió con los anteriores gobiernos socialistas.