El derecho a insultar de los socios de Sánchez

El partidismo que se ha instalado en la Presidencia del Congreso es uno de los indicadores de la degradación que sufre el Estado de Derecho. El espíritu de la separación de poderes se sustenta en la independencia de cada uno de ellos, para impedir, sobre todo, que el Poder Ejecutivo no se convierta en una forma de despotismo democrático. La actual presidenta sigue la tónica de los que le han precedido, aunque agravada a unos extremos que nunca imaginé que fuera posible. La realidad es que se ha convertido en un ministerio más del Gobierno. Es cierto que ha sido un problema endémico desde la Transición, porque los titulares de este órgano han hecho siempre lo que ha querido el presidente del Gobierno que es, además, el líder de su partido. A ninguno se le ocurre mostrar un atisbo de independencia, porque es algo que, desgraciadamente, se paga muy caro en política. La actitud sumisa de Francina Armengol con los requerimientos del PSOE y sus aliados resulta escandalosa. La portavoz de Puigdemont insulta al Poder Judicial y señala con su nombre a jueces sin que Armengol reaccione. Hay que reconocer que al menos no aplaudió la iniciativa inquisitorial destinada a erosionar el Estado de Derecho.