El día que nos certificaron

El 16 de septiembre de 2026 cayeron el mismo día tres papeles que nadie puso juntos. Donald Trump firmó una determinación presidencial que saca a Venezuela de la lista de países que incumplen de manera demostrable la lucha antidrogas, donde estaba desde 2005, mientras Colombia, Afganistán, Bolivia y Myanmar se quedan en ella. Pdvsa firmó un memorando de entendimiento con Continental Resources —la petrolera de Harold Hamm, donante de Trump— para desarrollar el Bloque Ayacucho 2 de la Faja del Orinoco: 126.000 acres y unos 30.000 millones de barriles estimados, celebrado por Delcy Rodríguez. Y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU publicó su informe: el aparato represivo del Estado permanece intacto, con 64 casos nuevos de tortura documentados desde el 3 de enero de 2026 y entre 300 y 500 personas detenidas por razones ideológicas. Su presidenta, Sofía Macher, lo resumió así: la reducción de algunas de las formas más severas de represión no constituye una transformación del sistema que las hizo posibles. El cuarto hecho del día no salió en ninguna lista: la familia del teniente coronel Igbert Marín Chaparro esperó siete horas en el Palacio de Justicia para que le dijeran que no había audiencia, porque la Fiscalía no consignó las pruebas; Alfredo Romero, del Foro Penal, revisó el expediente y dijo que simplemente no hay pruebas. Elver y Rosa fijan el veredicto: lo que certifica a este gobierno viene con firma, fecha y contrato; lo que lo acusa viene con cifras y sin consecuencia. Además: el viaje de Jorge Rodríguez a Londres y las 31 toneladas de oro del Banco de Inglaterra con una auditoría prometida que nadie ha publicado; el pleito entre Perkins Rocha y la mesa resuelto con un solo criterio; dos de los ocho partidos de la Plataforma Unitaria sentados; y exigencias concretas a la Fiscalía, a la Asamblea Nacional, a Washington y a María Corina Machado.